martes, 5 de febrero de 2013

Luis Bárcenas y Pedro Álvarez: el privilegio de exigir respuestas.

La izquierda radical mundial cree que en Cuba no hay lucha de clases; y por eso, mirando desde sus realidades locales, donde son obvias las jerarquías de unos pocos, defiende con prodigiosa vehemencia que Cuba es un modelo viable alternativo al capitalismo. Ello contrasta con que los cubanos y cubanas somos cada vez más consientes de que no es así, de que por el contrario, cada día son mayores las diferencias entre unos pocos privilegiados y la inmensa mayoría de la población, cada día son mayores las diferencias de clases, y por tanto, cada día hay en juego más intereses.
La ciudadanía cubana ha ido aceptando de un modo u otro esas diferencias económicas; postura que sin dudas está influida por aquello que consta en el refranero popular: “a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga”. De hecho, hasta las formas “menos ortodoxas” de ganar dinero han sido socialmente aceptadas. La libre prostitución, por ejemplo (no el proxenetismo ni la explotación sexual). Incluso, cuando se trata de “resolver” una necesidad tan básica como alimentarse, reparar una casa y otras,  la gente hace la vista “gorda” ante el robo de los recursos estatales.
Pero una cosa no es en lo absoluto aceptable: que los corruptos quieran dar ejemplos de moralidad. En ese sentido hay cada día más convicción de que la corrupción llega hasta bien arriba de la estructura estatal, pero es imposible probarlo porque es imposible investigar, ya que tanto los medios de prensa como el sistema judicial están en manos del Estado. No hay periodistas ni abogados que legalmente puedan ejercer de forma independiente. Ante ello, la mayoría de las personas se resigna.
Pero los datos poco a poco empiezan a salir. El caso de Pedro Álvarez es representativo. Durante mucho tiempo se comentaba en Cuba que este alto directivo cubano, Director de la compañía ALIMPORT, se había robado millones y había desertado. Nada de esto se publicó en la prensa oficial cubana. Sólo hace unos días se ha sabido, por la prensa de Miami, que se intaló en la Florida y en dos años es dueños de varias propiedades inmobiliarias. El Nuevo Herald lo reportaba así:
Pedro Álvarez Borrego, el alto funcionario del gobierno cubano que supervisaba la empresa de importación de alimentos del país, que manejaba un volumen de compra de unos $1,500 millones al año, vive el sueño americano apenas dos años después de haber desertado.
Álvarez ha comprado y vendido al menos ocho viviendas en Tampa por un valor total de casi $600,000 y abrió una compañía de administración, según muestran documentos oficiales. Además, se afirma que se ha convertido en consultor sobre cómo pueden entrar empresarios estadounidense a los mercados cubanos.
Pero sigue siendo un misterio cómo Alvarez, de 70 años, pudo comprar tantas propiedades a tan poco tiempo de su llegada de Cuba, donde estaba bajo investigación criminal por un escándalo de sobornos a cambio de importaciones en Alimport, el monopolio estatal de importación de productos alimenticios.
Antes de su apresurada deserción, su puesto en Alimport lo convirtió en el poderoso negociador principal de contratos con ambiciosos exportadores estadounidenses que alcanzaron una cifra récord de $711 millones en el 2008, y convirtieron a Estados Unidos en el quinto socio comercial de Cuba en importancia.
En la actualidad, Álvarez, uno de los principales desertores cubanos de que se tenga noticia reciente, trata de mantenerse alejado de la vista pública y disfrutar de la buena vida —un vecino dijo que su auto es un H3 Humvee rojo— mientras activistas anticastristas de Tampa se quejan de que podría estar viviendo de dinero resultado de la corrupción.
Un hombre que respondió una llamada de El Nuevo Herald al número telefónico que Álvarez ha dado en documentos oficiales estadounidenses dijo ser otro Pedro Álvarez. “Yo soy un simple carpintero. ¿Tiene algún trabajo para mí?”, respondió antes de reírse y colgar.
FUNCIONARIO DEL GOBIERNO CUBANO
Alvarez, un economista de profesión, fue designado para dirigir Alimport en 1998 y estaba en la posición perfecta en el 2000 cuando el Congreso de EEUU autorizó la venta en efectivo de productos agrícolas a Cuba, bajo la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejoramiento de las Exportaciones.
Cuba se vio repentinamente inundada de visitantes estadounidenses que buscaban contratos de ventas, incluyendo varios grupos de legisladores federales, seis gobernadores estatales y un Quién es Quién de las principales compañías agrícolas, conocidas como “Big Ag.”
“El por sí solo decía sí y no a miles de millones en ventas’, declaró John Parke Wright IV, un empresario de Naples, Florida, que firmó varios acuerdos de ganado con Alimport. Las importaciones globales de Cuba llegaron a $1,600 millones en el 2011, según las cifras oficiales de La Habana.
En el 2003, Álvarez planeó el controversial plan bajo el cual Alimport presionaba a políticos y exportadores de EEUU a firmar promesas de que ellos cabildearían ante el Congreso de EEUU para relajar las sanciones económicas contra la isla. El compromiso los podría hacer técnicamente agentes del gobierno cubano, aunque ninguno fue procesado judicialmente.
Con un puesto tan importante, Álvarez probablemente era informado de rutina por la inteligencia cubana sobre sus contactos estadounidenses, sus debilidades y cualquier conducta impropia que pudiera explotarse en las negociaciones de precios, escribió Juan Antonio Rodríguez Menier, un desertor del Directorio de Inteligencia, en un correo electrónico para El Nuevo Herald.
Yo comparo el caso de Pedro Álvarez con el de Luis Bárcenas y me pregunto: ¿Cuándo en Cuba, como hoy en España, podremos hacer igual reclamo ante el gobierno? Álvarez, sin dudas podría ser encausado por varios delitos. Tráfico de influencias, por lo menos. Y seguramente, caerían con él varios “peces gordos”.
Pero el gobierno cubano gestiona y limpia sus trapos en casa. Ahí está lo que pasó con Carlos Lage y Felipe Pérez Roque; información que nunca fue divulgada a toda la población residente en el país. Y saldrán más casos. ¿Alguien quiere explicaciones sobre por qué Ricardo Alarcón no estuvo ahora como candidato a la Asamblea Nacional del Poder Popular? Mire usted este comentario (aquí), y saque sus propias conclusiones. La izquierda radical insistirá en es la campaña mediática de desinformación orquestada por el Imperio. Tal vez un día reconozca de quién ha sido cómplice.


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